- En programa Conociendo el Derecho Penal, que conduce magistrado Víctor Prado Saldarriaga
El penalista Luis Yshii Meza consideró que debe enmendarse la legislación nacional sobre tráfico ilícito de migrantes en lo que respecta sancionar a las personas jurídicas vinculadas a este ilícito, para de ese modo enfrentarlo con mayor efectividad.
Así lo resaltó al ser entrevistado en el programa Conociendo el Derecho Penal, que conduce el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga, donde fue abordado el tema: El delito de tráfico ilícito de migrantes.
Explicó que este ilícito, referido a la conducta que promueve la entrada o salida ilegal de una persona a un determinado país sin que cumpla los requisitos migratorios (motivado por un beneficio económico o de otra índole), es penado con cárcel e inhabilitación, aunque eso basta.
“La ley tiene deficiencias impulsando casi la impunidad en favor de personas jurídicas involucradas en la comisión del delito de tráfico de migrantes al no considerar para ellas como circunstancia de represión, penas accesorias de multa”, sostuvo Yshii Meza.
EXPRESIONES
Como manifestación de este delito, el especialista señaló las ejecutadas por organizaciones criminales como Los Zetas o Las Maras en América del Centro y que implican incluso a funcionarios corruptos.
Precisó que, en cambio, el Perú, por ser territorio de tránsito, aquellos que cometen este ilícito pertenecen a estructuras amorfas, dispersas o de carácter familiar o local, sin tener todavía las características de organización criminal
Por último, recomendó que para luchar de forma eficiente contra el crimen organizado, “indisociable al lavado de activos y corrupción de funcionarios”, es necesario fortalecer la cooperación internacional de manera horizontal y técnica que permita establecer tipologías y modalidades emergentes de este delito y su correspondiente sanción.
Además, sostuvo que debe reprimirse al perpetrador pero “sin olvidarnos de la víctima del tráfico ilícito de migrantes y en reducir la duración de los procesos judiciales por este caso”.
Lima, 29 de noviembre de 2019
