09 diciembre, 2019

SEÑALAN QUE JUSTICIA PERUANA DEMUESTRA TOTAL INDEPENDENCIA AL SANCIONAR HECHOS DE CORRUPCIÓN

SEÑALAN QUE JUSTICIA PERUANA DEMUESTRA TOTAL INDEPENDENCIA AL SANCIONAR HECHOS DE CORRUPCIÓN

  • Hay prioridad para atender este flagelo que involucra a algunos jefes de Estado, afirma magistrada.

La presidenta de la Comisión de Integridad Judicial, Janet Tello Gilardi, expresó que la justicia peruana está demostrando su total independencia al establecer la responsabilidad penal de los involucrados en delitos de corrupción, flagelo que ha alcanzado los más altos niveles de gobierno.

En tal sentido, agregó que los jueces y juezas del Perú están respondiendo a esas necesidades al momento de formalizar los procesos penales con un juzgamiento imparcial y efectivo que determine la responsabilidad o no de los acusados por este fenómeno.

Asimismo, sostuvo, que en el Perú existe una demanda de justicia para no dejar hechos ilícitos comprobados sin una sentencia de lucha contra la impunidad.

Señaló que, en general, hay prioridad para atender el referido fenómeno debido a que desde hace algunos años este flagelo ha alcanzado a los altos niveles de gobierno.

En tal sentido, indicó que en nuestro país hay varios expresidentes de la República que son procesados, precisamente en la línea de atacar la corrupción de funcionarios.

Agregó que ha sido el consenso nacional para que hechos de esa envergadura no queden al margen de una investigación, no obstante que los investigados hayan sido jefes de Estado en diferentes periodos.

Tello Gilardi hizo estos comentarios en el foro “Lavado de activos y su relación con las investigaciones de corrupción, en el marco del seguimiento e implementación de la VIII Cumbre de las Américas”, realizado recientemente en Washington D. C. (Estados Unidos).

La magistrada refirió que están siendo implementadas más de 50 medidas contempladas en el Compromiso de Lima, suscrito durante la VIII Cumbre de las Américas realizada en Lima el año pasado.

Sostuvo que la corrupción constituye una afectación a la gobernanza democrática, a la inestabilidad económica y social, así como genera la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y privadas.

Además, señaló, afecta los derechos fundamentales de la población, especialmente los de los más vulnerables que no gozan de sus derechos por los problemas derivados de la corrupción.

 

Lima, 12 de noviembre de 2019

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