- Expresaron su desacuerdo con la propuesta para transferir esa función al Consejo Nacional de la Magistratura
Los representantes de la sociedad civil ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) reafirman su compromiso de fortalecer la labor de fiscalización y veeduría que realizan sobre los procedimientos disciplinarios contra los jueces y servidores jurisdiccionales y administrativos que incurren en inconductas funcionales.
Así lo manifestaron los doctores Luis Torres Garay, de la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, y Fredy Cerpa Rodríguez y Juan Centurión Portales, de las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas, actuales miembros de la sociedad ante el órgano de control.
Torres Garay indicó que actualmente el control disciplinario a cargo de la OCMA no solo lo realizan los jueces del Poder Judicial, sino también los miembros de la sociedad civil. “Es un control mixto que lo efectúan los jueces con participación y fiscalización de la sociedad civil”, subrayó.
En ese sentido, expresó su desacuerdo con el proyecto que propone que esa función pase al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual –precisó- también está integrado por representantes de la sociedad civil.
Por su parte, el doctor Centurión Portales explicó que la labor de los representantes de la sociedad civil consiste en fiscalizar que se apliquen correctamente los reglamentos disciplinarios, que los procedimientos sigan su cauce regular y que se respete el debido proceso y derecho a la defensa.
Refirió, además, que si no están conformes con una resolución –sea absolutoria o sancionadora– ellos pueden impugnarla ante la instancia superior.
En tanto, el doctor Cerpa Rodríguez demandó fortalecer la presencia de la sociedad civil no sólo en la OCMA, sino también en las 33 Oficinas Descentralizadas de Control de la Magistratura (Odecma) del país.
Recordó que a pesar que la ley dispone que en cada distrito judicial se incorporen a representantes de la sociedad, en la gran mayoría no se han integrado porque el Ejecutivo no transfiere el presupuesto requerido.
Cabe indicar que las organizaciones de la sociedad civil están representadas en la OCMA desde el 2004 por mandato de la Ley N° 28149, la cual modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Lima, 7 de setiembre de 2016
