- A través del acuerdo serán reforzadas acciones conjuntas y actividades de capacitación para magistrados y administrativos
El titular del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), José Luis Lecaros Cornejo, aprobó el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional que será suscrito entre este poder del Estado y el Fondo Nacional del Ambiente (Fonam).
Este acuerdo tiene como objeto establecer mecanismos de coordinación y cooperación entre las partes, aunar esfuerzos y recursos disponibles para desarrollar acciones conjuntas en diversos temas relacionados al desarrollo humano y sensibilización del conocimiento en materia ambiental.
En ese contexto, las partes podrán promover actividades de capacitación dirigidas al intercambio de conocimientos y experiencias con jueces, juezas, personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, dentro del marco de sus competencias.
Cabe resaltar que el Poder Judicial, como parte de su política de Gestión Ambiental, lleva a cabo y organiza actividades alrededor de fundamentos jurídicos, Tutela Administrativa y Penal en delitos contra el medio ambiente, entre otros temas.
De igual manera, ha implementado un Observatorio Ambiental —plataforma virtual—que brinda información y conocimiento a los pueblos indígenas, asociaciones civiles, academia, sectores público y privados y a la ciudadanía en general, a fin de promover el debate de las políticas públicas sobre la justicia ambiental del país.
Por otro lado, el Fonam promueve la inversión privada y pública de proyectos ambientales calificados como prioritarios en seis áreas: Cambio Climático y Promoción del Mercado de Carbono; Energía Limpia, Eficiencia Energética, Producción Limpia, Calidad Ambiental y Ciudades y Edificaciones Sostenibles.
Asimismo, en las áreas de Bosques y Servicios Ambientales; Pasivos Ambientales Mineros, Energéticos e Industriales; Gestión Integral del Agua y de Residuos Sólidos; Transporte Sostenible; y Desarrollo Sostenible.
El referido convenio entró en vigencia el 26 de diciembre de 2019 y tiene una vigencia de cinco años.
Lima, 23 de enero de 2020.
