- Sentencia resuelve validez de informes de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para otorgar referida medida
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema determinó bloquear e inmovilizar las cuentas de Hernán Manuel Costa Alva y otros miembros de una presunta organización criminal involucrada en actos de corrupción perpetrados en la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
El tribunal dispuso la medida requerida con efectos de evitar que los imputados retiren, transfieran o realicen cualquier clase de operación bancaria con miras a eludir la acción persecutoria.
Así lo determinó tras declarar fundada la casación contra la resolución que confirma el fallo emitido en primera instancia, el mismo que rechaza el requerimiento de la Fiscalía.
Según la sentencia de casación, la resolución impugnada presenta una errónea interpretación de la norma procesal al denegar la solicitud sustentada con base a información de entidades financieras (nota de Unidad de Inteligencia Financiera-UIF).
El pedido está avalado, además, en la disposición que convalida la medida de congelamiento administrativo de fondos dispuesta por la UIF-Perú, los que contienen información relacionada a los imputados.
En el caso, precisa la Corte Suprema, existe “evidencia con el informe de la UIF o la nota de inteligencia que se cumple con los presupuestos exigidos por la norma procesal: identificación de las cuentas de los afectados y razones para considerar que las cuentas contienen activos vinculados al hecho punible”.
De esa manera, la sala determinó que la citada medida estará de acuerdo con el principio de proporcionalidad y supeditada a que existen suficientes elementos de convicción, así también con la finalidad probatoria que se persigue.
También establece que la presencia condicionante para su dación no debe limitarse solo al documento proveniente de la Superintendencia de Banca y Seguros como consecuencia de un pedido de levantamiento del secreto bancario sino que puede considerarse también otro documento proveniente de la entidad adecuada que tenga aptitud procesal.
Cabe señalar que, además de Costa Alva, en el caso también están involucrados Elvira López Melgarejo de Costa, Bertha Salazar Núñez, Christiand Halabi Gómez, Cynthia Vargas Pitta, Jorge Noziglia Chávarri, Juan Sarango Cavalier, Néstor Costa López, Ricardo León Dueñas y Rosmery Velásquez Cano.
Asimismo figuran las personas jurídicas Costa Abogados Asociados S.C.R.L., Hermanos Costa López Tours S.A.C., Asociación de Cesantes y Jubilados de la Empresa Nacional de Puertos (Acjenapu) y Embárcate E.I.R.L.
Los delitos investigados son contra la administración pública: corrupción de funcionarios y lavados de activos, posibles modalidades de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema es integrada, además de San Martín Castro, por Aldo Figueroa Navarro (ponente), Hugo Príncipe Trujillo, Jorge Castañeda Espinoza (en reemplazo de Zavina Chávez Mella por licencia) e Iván Sequeiros Vargas.
Ver la resolución aquí: https://bit.ly/2kRWRa3
Lima, 17 setiembre de 2019
