- Jurista demanda mayor compromiso de parte del Estado para combatir estos ilícitos
El penalista Andy Carrión consideró la importancia de implementar una mayor especialización por parte de los jueces abocados en delitos contra el medio ambiente, lo cual sería positivo para lograr un mejor sistema de administración de justicia.
Así lo sostuvo en entrevista al programa “Conociendo el Derecho Penal”, que conduce el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga a través de Justicia TV, quien abordó el tema “En qué consiste la responsabilidad penal del empresario por delitos ambientales”.
El catedrático explicó que la especialización en una determinada materia, en este caso sobre el medio ambiente, permitirá a los magistrados concluir sí, efectivamente, es cumplida una denuncia imputada.
“Respecto a estos casos no es suficiente el conocimiento jurídico sino también muchos conocimientos especiales adicionales pues resulta necesario el entendimiento en una determinada materia especializada”, anotó Carrión sostuvo que estos delitos ya están tipificados en el Código Penal, desde el artículo 304 para adelante, lo cual explica en qué circunstancias podría responder una empresa por este tipo de imputaciones.“Algunos (artículos) admiten que la empresa puede ser responsable por todos los delitos contaminantes que origina, sin embargo, una casación del año 2018 manifiesta, de manera expresa, que solamente puede hacerse responsable de aquellos que están en su ámbito de competencia”, agregó.
En esa misma línea, el especialista aclaró que las sanciones a las empresas involucradas en daños al medio ambiente no son de carácter penal sino administrativas.
”Desde el punto de vista penal hoy en día resulta imposible sancionar a una empresa por algún delito de contaminación ambiental”, agregó el especialista en Derecho Ambiental.
Esta situación, aclaró, varía con una persona natural pues, en caso de demostrar que cometió el delito de contaminación ambiental, podría ser sancionada a penas de cuatro a seis años de prisión.
Esto podría agravarse, señaló, en caso el imputado fuera acusado de defraudar a la autoridad, al haber emitido datos falsos de la actividad empresarial que precisamente ha originado actos contaminantes y podría ser condenado de ocho a quince años de cárcel.
En otro momento, el especialista demandó un real compromiso por parte del Estado para combatir de manera efectiva los delitos ambientales de la mano de las normas ‘preestablecidas’.
“Las leyes no lo solucionan todo, podemos tener las mejores normas pero si no existe un real compromiso del Estado para proteger un bien tan preciado como el medio ambiente pues no vamos a lograr los resultados deseados “, señaló.
Finalmente, sostuvo que existe la dicotomía de tener normas que amparan la persecución estatal a los delitos de contaminación ambiental pero por otro lado la desidia por parte del Estado peruano para hacerlas cumplir.
Lima, 23 de agosto del 2019
