La nueva Ley Procesal de Trabajo (NLPT) se aplica en 23 distritos judiciales del país
El Poder Judicial, a través de sus órganos jurisdiccionales especializados, redujo en 600 días el promedio de duración de los procesos judiciales en materia laboral durante el año 2016, en virtud de la aplicación de la nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT).
Así, de los 940 días que demora el resolver un juicio laboral con la anterior Ley Procesal del Trabajo, ahora este tiempo disminuyó a solo 340 días en promedio con la implementación de la nueva norma procesal
Sin embargo, la celeridad fue mayor en los distritos judiciales de Lima Este, Ucayali e Ica, donde los procesos duran en promedio 68, 78 y 90 días, respectivamente, de acuerdo con información proporcionada por el Sistema Integrado Judicial de este poder del Estado.
Este significativo avance en la justicia laboral se debe a la aplicación del nuevo modelo procesal, que da mayor rapidez a la resolución de los expedientes por el uso de la oralidad y las herramientas tecnológicas como es el caso de la notificación electrónica, que no sólo simplifica los procedimientos sino también reduce el uso de papel y contribuye con el cuidado del ambiente.
Asimismo, cabe señalar, que la reforma procesal laboral introduce también la idea del modelo de despacho judicial corporativo cuyo fundamento es la optimización de recursos y la especialización de los servidores judiciales en busca de la optimización del servicio de administración de justicia.
Por otro lado, el Sistema Integrado de Justicia informó que el porcentaje de procesos que concluyen por conciliación asciende al 7%.
Estas cifras se dieron a conocer durante la “I Convención Anual del PP0099, Celeridad en los Procesos Judiciales Laborales”, realizada recientemente, en la cual se evaluó el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos por el programa para el año 2016.
La NLPT está vigente en 23 de los 33 distritos judiciales del país, y su implementación en las Cortes Superiores restantes (Piura, Huancavelica, Amazonas, Huaura, Apurímac, Ayacucho, Madre de Dios, Pasco, Puno y San Martín) está condicionada a la asignación de mayores recursos al Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo.
Lima, 27 de diciembre de 2016
