- Tribunal emitirá decisión en los próximos días, dentro el plazo que señala la ley.
La Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia decidirá en los próximos días si transfiere de Ayacucho a Lima o a otro distrito judicial, el proceso seguido en contra de Adriano Pozo Arias, presunto agresor de la ciudadana ayacuchana Arlette Contreras Bautista.
Antes de adoptar su decisión, el tribunal presidido por el juez supremo César Hinostroza Pariachi e integrado por los magistrados Carlos Ventura Cueva, Iris Pacheco Huancas, Alberto Cevallos Vegas y Luisa Chávez Mella, escuchó hoy en audiencia a los abogados del procesado y de la agraviada, respectivamente.
Richard Almonacid Zamudio, defensor de Contreras Bautista, argumentó que en Ayacucho no existen las condiciones ni garantías para un debido proceso porque, según él, los jueces a cargo del proceso judicial no son imparciales.
El letrado reseñó, además, una serie de hechos y circunstancias que afectan a su defendida, entre ellos, un accidente que sufrió cerca de la Corte Ayacucho, y seguimientos que presume son provocados por personas vinculadas al imputado Pozo Arias.
En tal sentido, pidió a los miembros el tribunal supremo, a través de un recurso de transferencia de competencia, que el juicio sea realizado en Lima, en Ventanilla u otro donde esté vigente el Código Procesal Penal en su integridad.
Por su parte, Juan Carlos Portugal Sánchez, abogado de Pozo Arias, señaló, por el contrario, que el colegiado a cargo del nuevo juicio, es “sobreprotector” de la agraviada al haberle permitido la reprogramación de su declaración hasta en tres oportunidades.
Además sostuvo que el artículo 39 del nuevo Código Procesal Penal señala que la trasferencia de competencia solo procede cuando existe un real o inminente peligro contra la seguridad o salud del procesado, pero no del agraviado, como es presentado en este caso.
Al término de la audiencia, el doctor Hinostroza Pariachi informó que la Sala emitirá la resolución correspondiente en los próximos días, dentro del plazo que señala la ley.
Lima, 4 de mayo de 2017
