28 febrero, 2020

APRUEBAN ADHESIÓN DEL PODER JUDICIAL A DECÁLOGO IBEROAMERICANO SOBRE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA

APRUEBAN ADHESIÓN DEL PODER JUDICIAL A DECÁLOGO IBEROAMERICANO SOBRE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA

  • Medida es de obligatorio cumplimiento para todos los jueces del país, incluidos los jueces de paz

Con el objetivo de propiciar la prevención y tratamiento oportuno en niños, niñas y adolescentes inmersos en un espiral de delincuencia, el Poder Judicial dispuso su adhesión al “Decálogo Iberoamericana sobre Justicia Juvenil Restaurativa”, aprobado por la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana, en Ecuador.

La medida resuelta por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), presidido por el juez supremo José Luis Lecaros, dispone su obligatorio cumplimiento por todos los jueces a nivel nacional, incluido los jueces de paz, siempre y cuando resulte pertinente.

Cabe anotar que esta Resolución Administrativa N° 028-2020-CE-PJ, publicada hoy en El Peruano, fue aprobada ante una propuesta de la jueza Mercedes Pareja Centeno, consejera responsable del Programa Presupuestal 0067  “Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia” del Poder Judicial.

El informe presentado al CEPJ señala que resulta necesario articular políticas públicas para vincular la justicia juvenil con otras de carácter social, educativo, cultural, étnico y económico, con el propósito de propiciar la prevención y tratamiento oportuno.

Hay que recordar, asimismo, que el Decálogo Iberoamericano tiene por finalidad contribuir a que los países miembros de la cumbre, entre ellos el Perú, “cuenten con una organización de justicia juvenil que permita materializar los elementos para implementar una visión restaurativa”.

El Decálogo Iberoamericano, el cual está conformado por diez acuerdos, fue aprobado por los presidentes y presidentas o representantes de las Cortes y Tribunales Supremos o Superiores de Justicia y los Consejos de Judicatura o Magistratura sobre Justicia Juvenil Restaurativa.

Entre los principales puntos de los acuerdos está la elaboración de un informe especializado en torno a la situación del niño, niña y adolescente; la revisión periódica de las medidas aplicadas; así como la elaboración de un sistema de seguimiento y control de los procesos, entre otros.

 

Lima, 11 de febrero del 2020

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