- Participaron 120 magistrados en evento de Comisión Permanente de Acceso a la Justicia
Con el objeto de contrarrestar los números referidos a abusos sexuales de niñas, niños y adolescentes en el Perú, jueces y fiscales recomendaron la urgente adopción de políticas públicas de protección a las víctimas por parte de las instituciones rectoras sobre esa problemática.
Así lo expresaron los 120 jueces y fiscales de familia y penal al término de su participación en las “Jornadas de Reflexión sobre el Interés Superior del Niño”, actividad impulsada por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, que preside la jueza suprema Janet Tello Gilardi.
Organizados en ocho grupos, los magistrados, como los miembros de los equipos multidisciplinarios y operadores de justicia, analizaron la problemática de las víctimas, en el evento desarrollado en Palacio de Justicia.
Previamente la psicóloga María Ráez Saavedra brindó dos conferencias sobre «El impacto psicológico de la violencia sexual en los niños, niñas y adolescentes «, y “Las consecuencias futuras que afectan el desarrollo integral de las personas afectadas, incluyendo los cambios en su medio familiar”.
Los magistrados sugirieron la capacitación a los psicólogos así como a los operadores de justicia que intervienen en las cámaras Gesell.
Además, consideraron que los equipos de administración de justicia acudan donde la víctima, cuando esta exprese su negativa a acudir a la Policía, Fiscalía o juzgados de paz, no solo para tomarle su testimonio, sino para brindarle medidas de protección.
En el acto de clausura del evento, la jueza superior Elvira Álvarez Olazábal, miembro de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, agradeció el aporte de las organizaciones no gubernamentales para su realización.
Estas son el Centro de Desarrollo y Asesoría Psicosocial (Cedapp), Centro de Estudios Sociales y Publicaciones (Cesip), Instituto de Formación de Educadores de Jóvenes, Adolescentes y Niños Trabajadores de América Latina (Ifejant) y la Oficina Internacional Católica de la Infancia (Bice).
Lima, 6 de julio de 2017